La Universidad Dr. José Matías Delgado a través de su Instituto de Investigación Jurídica, realizó el día miércoles 1 de noviembre de 2017 en el Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la conferencia “Consideraciones Jurídicas a la Ley Especial de Extinción de Dominio”. Los ponentes de tan relevante evento para la comunidad jurídica y sociedad salvadoreña fueron el Dr. Ramón Iván García, Magistrado Presidente de la Cámara de Segunda Instancia de la 2ª Sección del Centro y Magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y el Mtro. Efraín Mauricio Arévalo Mojica Capacitador de Derecho Constitucional de la Escuela de Capacitación Judicial, Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Las palabras de bienvenida a los ponentes y al distinguido público, estuvieron a cargo del Director del Instituto de Investigación Jurídica, el Dr. René Fortín        Magaña, quien aprovechó la oportunidad para hacer un llamado de reflexión sobre la importancia del rol de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de    Justicia, en razón de ser quien tiene la última palabra a efectos de dilucidar los puntos en discordia sobre el contenido de la ley objeto de la conferencia.

La primera intervención la realizó el Dr. Ramón Iván García, quien inició su exposición observando la reforma al Artículo 76 de la Ley objeto de la conferencia, la cual tiene una peculiaridad que no puede pasar desapercibida, y es el brindar    audiencia al titular de los bienes que son objeto de la medida cautelar de administración del CONAB; dicha audiencia aclara el ponente resulta dañina por ser una situación que no entabla armonía con la lógica de las medidas cautelares. Continúa aclarando que la ley no constituye un menoscabo al Derecho de Propiedad, en virtud que nuestro ordenamiento jurídico siempre ha protegido a los bienes obtenidos de forma lícita y no  bienes ilícitos, sin embargo excepcionalmente existen bienes lícitos que pueden ser perseguidos vía extinción de dominio, como en  bienes destinados a fines ilegales o los que se han fusionado con propiedad ilícita; en consecuencia afirmó, que el ámbito de aplicación de la extinción de dominio es más amplio que el del delito, en razón que en la primera figura jurídica  investiga a los bienes de origen y/o destino ilícito así como la injustificada riqueza y en el caso de los delitos se investiga únicamente a las personas y los bienes conectados al hecho punible, a raíz de esta circunstancia aseveró que las garantías constitucionales referidas al delito no le son aplicables a la extinción de dominio, en virtud de ser una acción real que no involucra personas, por tener como fin la persecución de bienes indiferentemente de la persona que los posea, sin embargo, se mantiene el respeto al derecho adquirido del tercero exento de culpa. Por último, concluyó acotando que la extinción de dominio es una acción autónoma que no necesita un proceso previo, salvo el caso de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, siendo necesario agotar la vía de la LEIFEP (Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos) como presupuesto de procesabilidad, por tanto, las reglas de extinción de dominio deben ser enfocadas respecto a la ilicitud de los bienes y no a sus titulares.

Acto seguido se le concedió la palabra al Mtro. Efraín Mauricio Arévalo Mojica, quien al inicio de su intervención aclaró que el análisis objeto de la conferencia no es un adelanto de criterio, aclaración realizada en atención a su labor en la Sala de lo Constitucional, a raíz de ello su análisis se limitó para efectos ilustrativos y académicos. Su exposición fue enfocada respecto al fin de la Ley Especial de Extinción de Dominio, siendo este el   cumplimiento de la dimensión objetiva del Derecho a la Propiedad contemplado en el Artículo 103 de la Constitución, aunado a ello la adjetivación reconocida en dicha disposición de ser este derecho con función social. En ese orden de ideas aseveró que la    acción susceptible a ser invocada en extinción de dominio es de carácter real, y ella   busca devolver la función social de los bienes ilícitos, a diferencia de las acciones de un proceso penal, en virtud de ser personales; traduciéndose esta circunstancia en la posible emisión de fallos en apariencia, contradictorios, en una y otra sede, esto por la distinta naturaleza de cada acción, situación que desacredita el argumento de un posible doble juzgamiento. Finalmente acotó sobre la extinción de dominio en relación con la  acción de enriquecimiento ilícito del Artículo 240 de la Constitución, esta segunda acción es un ejemplo ilustrativo de las cargas probatorias dinámicas, no obstante, la disposición aplica para casos específicos, por ejemplo, contra funcionarios públicos; en consecuencia, la extinción de dominio no debe ser ejercida en paralelo con la acción de enriquecimiento ilícito o en caso esta sea desestimada, porque la extinción de dominio en este  caso se ejerce sólo si el funcionario obligado a romper la presunción del Artículo 240 no lo lograre, contrario sensu se configurará una confiscación.

El evento concluyó con un espacio de preguntas y respuestas respecto la aplicación de la extinción de dominio, en atención a los casos que han surgido a la luz del marco regulatorio actual, esto en aras de evaluar los puntos grises que se presentan en el ejercicio de la Ley.

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